Alberto López tiene 33 años, es de Gijón y padece síndrome de Down. Alejandro García tiene 21, es de Avilés y está afectado por el mismo trastorno genético. Ambos practican el tiro con arco. Sin embargo, uno tiene una licencia federativa y el otro, no. Alejandro obtuvo la nacional a través de la Federación Española de Tiro con Arco
hace siete años porque, como explica su presidente, Lorenzo Miret, "en
la solicitud no constaba que tuviera síndrome de Down y se expidió como
una licencia ordinaria”. Alberto, en cambio, que solo quiere federarse
en Asturias, lleva desde el pasado julio esperando a que la Federación
de Tiro con Arco del Principado, le conceda la suya.
Para obtener este permiso, que se puede solicitar desde los 7 años y
autoriza a poseer y transportar un arco, es necesario rellenar un
formulario y acompañarlo de una carta firmada por un monitor de tiro que
certifique que el solicitante ha seguido un curso y es apto. No se
exige ningún otro documento sobre condiciones médicas o antecedentes
penales —“eso no lo controlamos; en ese sentido, se nos puede colar
cualquiera”, reconoce Miret. Alberto cumplió los requisitos y presentó
esos papeles hace unos seis meses.
Alberto se animó con el tiro con arco a principios de este año, tras ver a sus padres, Carmen y Darío practicarlo en el Club de Arkeros de Corvera,
en Avilés, donde ahora entrenan los tres juntos varias veces por
semana. El gijonés, también aficionado al kárate –“poco a poco consiguió
llegar a ser cinturón negro primer dan”, cuenta orgullosa Carmen–, le
ha cogido el gusto a este deporte, que según su madre, además le sienta
muy bien, porque le ayuda a mejorar “la disciplina y el equilibrio”.
Sin embargo, en la federación asturiana de Tiro con Arco,
la condición de Alberto les plantea dudas. “La licencia de Alejandro
está tramitada por la federación nacional, así que ellos son
responsables. Yo no quiero dar una licencia y que mañana pase algo y
venga la Guardia Civil a casa a reclamármelo”, dice el presidente de la
entidad regional, José Luis Bermúdez, que pide que se regule la
concesión de licencias a personas con discapacidad intelectual, como ya
se hace con los discapacitados físicos. Alberto tiene dos seguros, uno
para daños personales y otro para la responsabilidad civil, que le
cubren en caso de accidente en instalaciones deportivas autorizadas y en
competiciones. Bermúdez teme que “si pasara algo en la calle”, el juez
podría considerarle a él responsable por emitir la licencia.
“La responsable de cualquier cosa que le pase a Alberto soy yo, que
soy su madre”, sostiene Carmen con firmeza, que además argumenta que si
el reglamento de licencias no especifica nada sobre discapacitados
intelectuales es porque los considera iguales al resto de los
deportistas. “Mi hijo tiene una discapacidad del 33%, que es como si
tuviera una edad mental de 12 años, pero es perfectamente autónomo; se
viste y come sin ayuda y todos los días coge el autobús él solo para ir
al Sanatorio Marítimo, donde hace talleres ocupacionales”, explica.
“Podría entrar en la categoría de niños y si luego progresa, pues subir,
y si no, pues se queda ahí, no pasa nada”.
Los padres de Alberto están indignados porque creen que no solo es
discriminatorio no concederle la licencia a su hijo, sino que es ilegal.
“La ley dice que hay que prestar especial atención a fomentar la
actividad deportiva entre las personas con minusvalías”, explica Carmen
citando la Ley 2/1994 del Deporte del Principado de Asturias.
Y continúa: “Además, prohíbe discriminar por circunstancias personales o
sociales”, en referencia a los estatutos de la federación asturiana de
tiro con arco.
Inés de la Hoz, asesora jurídica de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS),
apoya esa argumentación: “Es una discriminación por discapacidad.
Precisamente, si su caso no aparece contemplado en la normativa, no
existe ninguna razón para no dársela”. “No solo no deberían negársela,
sino que deberían promover la participación en igualdad de condiciones”,
dice de la Hoz aludiendo al artículo 30 de la Convención sobre derechos
de las personas con discapacidad.
Bermúdez explica que él no tiene “ningún problema en dársela”, pero
pide que desde la Federación Española de Tiro con Arco le digan cómo
tiene que proceder y de qué manera se contempla el caso de Alberto. “Lo
primero que tienen que hacer es adaptar los reglamentos”, se queja. Ha
intentado contactar con el presidente del órgano nacional en varias
ocasiones, pero “no hay manera de hablar con él”.
La federación nacional acaba de pasar un periodo de elecciones y, por
el momento, no se han pronunciado oficialmente sobre cuándo se le va a
conceder la licencia al joven asturiano. Su recién reelegido presidente,
Lorenzo Miret, reconoce estar “un poco desconectado del asunto”. Miret
no ve ningún inconveniente en dársela, pero entiende que el presidente
de la autonómica “quiera tener las espaldas cubiertas en caso de que
hubiera un accidente, que, por otra parte, dudo que ocurriera.”
Finalmente, parece que Bermúdez seguirá con Alberto la misma
indicación que le han dado en la federación nacional para Alejandro
García, el otro asturiano con síndrome de Down que tiene licencia, que
le planteaba dudas sobre si debía permitirle participar en
competiciones. “Me dijeron que como tiene una licencia ordinaria, debía
tratarlo como si fuera un deportista normal”. Así que aplicará esa
premisa con Alberto. Antes de dársela, no obstante, quiere que los
padres le entreguen algún documento que determine de quién es la
responsabilidad en caso de accidente, si tiene tutores que la asuman o
si el propio joven es responsable.
Mientras tanto, Alberto sigue, medio año después de solicitarla, sin
una licencia que le permita tener un arco para practicar un deporte que
“le encanta y que le sienta bien”, lamenta amargamente su madre.
Noticia: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/20/actualidad/1384949635_280292.html
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